No pasa un día en Turquía sin que se produzcan nuevas
detenciones a tenor de los actuales expedientes de investigación, diligencias
que siempre giran en torno a los mismos cargos, cosecha de la actual ley
contra el “terrorismo”. El principio es muy simple. Se toman uno o dos
artículos de la ley, y se agrupa toda la evidencia obtenida del sospechoso para
buscar su detención. Se agarran a todo, desde un “dijo que…”, “escribió que….”,
“se interesó o quiso saber sobre…” Todo vale. Pese al debilitamiento del sistema judicial provocado por
las purgas de julio de 2016, la policía obtiene, empaqueta y entrega a la
fiscalía cientos de dosieres e informes debidamente clasificados bajo el
epígrafe de “actividad terrorista”. Cada caso conocido gracias a la labor de algunos
pocos medios independientes que quedan en Turquía, es un corta y pega del
anterior. Cuando esta ley fue propuesta y aprobada, el HDP, la oposición
democrática junto a unos pocos kemalistas, analizaron y auguraron las
consecuencias de este golpe de estado civil. La represión se convirtió en
legítima, incluso el genocidio político de toda la oposición. En julio Erdogan
recibió su “regalo del cielo” que oportunamente aprovechó para realizar un
llamamiento a la unidad nacional para defender “la unidad de la nación turca y
su democracia. Así funciona la democracia en Turquía o no? Desde entonces, la Asamblea dispone de mayoría para realizar
el proyecto de reforma constitucional que permitirá colocar el turbante en la
cabeza de su Sultán para el 2023. (Leer todo)
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